El Grupo de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial, perteneciente a la Brigada de Investigación Especializada de la Policía Nacional, clausuró el pasado día 8 de agosto la página web www.cvcdgo.com, y detuvo a los administradores de dicho portal bajo la acusación de un delito contra la propiedad intelectual.
La operación policial respondía a la denuncia de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), que había solicitado la intervención de las autoridades debido a las características de los servicios que ofertaba cvcdgo: una vez registrados, los internautas podían descargar en sus discos duros películas en muchos casos aún sin estrenar, procedentes del pirateo practicado en salas comerciales o soportes digitales. El intercambio de películas se realizaba mediante el sistema de redes de pares, más conocido como p2p o peer to peer (de colega a colega).
Aunque la productora Metro Goldwyn Mayer consiguió recientemente que el Tribunal Supremo de Estados Unidos declarara responsables del intercambio ilegal de archivos por parte de sus usuarios a las empresas que crean o gestionan redes de pares, en Europa existen dudas sobre la ilegalidad de este sistema y sobre el modo de erradicarlo. El p2p no conforma teóricamente una red informática basada en los servicios a clientes a través de portales, sino un vínculo entre iguales que establecen transacciones libres a través de un servidor encargado únicamente de proporcionar IPs (direcciones de otros usuarios) con las que pueden compartirse archivos para disfrute personal. En España, se calcula que alrededor de un 30% de los internautas utilizan p2p.
En cualquier caso, los responsables de cvcdgo obtenían cuantiosos ingresos económicos derivados de la publicidad inserta en el portal gracias a las visitas recibidas: 11.197.984 en trece meses. Por tanto, al haber sacado provecho propio explotando los derechos ajenos de propiedad intelectual, los administradores de la página han incurrido en lo que la Sociedad General de Autores de España define como piratería, un delito tipificado en nuestras leyes.
Además, cvcdgo fue fundado en febrero de 2004 aportando presuntamente datos falsos para registrar su titularidad. De ello se encargaron los cuatro individuos ahora detenidos, que sólo se trataban telemáticamente y que obtuvieron el soporte técnico para la página a través de una sociedad mercantil llamada vivelared. Esta sociedad alquila o compra a la firma Navenetworks servidores ubicados en San Diego (California, EE.UU.), y alojaba gratuitamente a cvcdgo a cambio de parte de los citados beneficios publicitarios.
Los detenidos son residentes en España. El apodado en la red malavida gestionaba desde Málaga los temas económicos. En Madrid eth moderaba los foros, y otro inculpado sin nick conocido ejercía como webmaster. Y hav resolvía desde Sevilla las incidencias que pudieran surgir.
EGEDA ha manifestado su satisfacción por esta acción policial, con la que, dicen, “se da respuesta a las reiteradas demandas de quienes ostentan los legítimos derechos de propiedad intelectual, que sufren cuantiosas pérdidas económicas” por estas prácticas delictivas.
El cierre de cvcdgo, la primera intervención policial-judicial de este tipo realizada en Europa, supone también otro paso en la lucha del gobierno socialista contra la piratería, que comenzó en abril de este año con una agresiva campaña publicitaria y con el lanzamiento del Plan Integral para la Disminución y Eliminación de las Actividades Vulneradoras de la Propiedad Intelectual –popularmente, Plan Antipiratería-. Una operación que implicaba a once ministerios, otras instituciones públicas y a los consumidores, y que pretendía, según la vicepresidenta primera del Gobierno, servir como instrumento legal para erradicar un mercado ilegal que en 2004 podría haber dado lugar en nuestro país, solo en lo referente al cine, a 22 millones de copias en el “top manta” y 30 millones de descargas en la red.
El Plan Antipiratería tendrá un gran apoyo en el siguiente paso adoptado por el gobierno, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. El anteproyecto de esta reforma se tramitará en otoño, y ya ha sido criticado por asociaciones e internautas de toda España al considerarlo “una criminalización de internet” .